El reciente caso B410 ha puesto de manifiesto una preocupante tendencia entre algunas empresas: la supuesta pérdida de documentación contable como estrategia para evadir auditorías fiscales. Como asesor fiscal en Guatemala, es crucial analizar las implicaciones de esta situación y sus consecuencias para el panorama tributario del país.
El Superintendente de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) de Guatemala, en una reciente conferencia de prensa, expresó su profunda preocupación por esta práctica. Según sus declaraciones, varias compañías involucradas en el caso B410 han solicitado plazos de hasta tres meses para "rehacer" su contabilidad, alegando pérdida de documentación. Esta situación ha llevado a la SAT a adoptar una postura más severa.
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Es importante destacar que el Código Tributario de Guatemala, en su Artículo 112 "A", efectivamente otorga a los contribuyentes el derecho de rehacer sus registros contables en caso de pérdida o destrucción, dentro de un plazo de tres meses. Sin embargo, la frecuencia con la que se está invocando este derecho en el contexto del caso B410 ha levantado sospechas sobre su legitimidad.
El superintendente de la SAT, en una reciente conferencia de prensa, expresó su preocupación por lo que percibe como un uso estratégico de este derecho para evadir o retrasar las fiscalizaciones. Según sus palabras, "todas las compañías que tienen esos tratamientos ante una fiscalización son tratados como defraudadores de impuestos".
Esta declaración marca un giro significativo en la política de fiscalización de la SAT.
Es crucial analizar esta situación desde ambas perspectivas. Por un lado, la ley es clara al otorgar este derecho a los contribuyentes, reconociendo que la pérdida de documentación puede ocurrir por diversas razones legítimas. Por otro lado, la SAT tiene razones para sospechar cuando este derecho se invoca sistemáticamente en el contexto de una investigación por posible evasión fiscal.
La posición de la SAT de tratar estas solicitudes como indicios de evasión fiscal y proceder directamente a presentar demandas penales, sin pasar por una conciliación tributaria, plantea serias preguntas sobre el debido proceso y el derecho a la defensa de los contribuyentes.
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Es importante considerar el contexto más amplio del caso B410. Según la conferencia de prensa, se trata de una investigación que involucra a 410 empresas, con sospechas de facturación sin sustancia económica por un monto de 517.2 millones de quetzales. En este escenario de alta tensión fiscal, es comprensible que la SAT adopte una postura más agresiva.
Sin embargo, esta postura plantea riesgos significativos. Tratar automáticamente todas las solicitudes de rehacimiento de contabilidad como intentos de evasión fiscal podría llevar a injusticias en casos donde la pérdida de documentación sea genuina. Además, podría incentivar a las empresas a ocultar problemas reales por temor a ser acusadas de fraude.
Como asesores fiscales, nos encontramos en una posición delicada. Debemos equilibrar nuestro deber de defender los derechos de nuestros clientes con la necesidad de mantener una relación de transparencia y colaboración con las autoridades fiscales.
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Es fundamental recordar que el Artículo 93 del Código Tributario considera como resistencia a la acción fiscalizadora el no rehacer los registros contables o hacerlo fuera del plazo establecido. Esto subraya la importancia de actuar de buena fe y con prontitud en casos de pérdida real de documentación.
La solución a este dilema no es sencilla, pero podría incluir los siguientes elementos:
Mayor transparencia en el proceso de contabilidad, posiblemente involucrando a terceros independientes .
Mejores prácticas de mantenimiento y respaldo de registros contables por parte de las empresas para minimizar la necesidad de invocar este derecho.
Un diálogo abierto entre la comunidad empresarial, los asesores fiscales y la SAT para establecer pautas claras sobre cómo manejar estas situaciones.
En VESCCO, como miembros de XLNC, una asociación internacional de prácticas independientes con sede en Suiza, estamos comprometidos con promover las mejores prácticas fiscales.
El caso B410 sirve como un llamado de atención para todas las partes involucradas. Para las empresas, subraya la importancia de mantener registros impecables y estar preparadas para responder con prontitud a cualquier requerimiento de la SAT. Para los asesores fiscales, nos recuerda nuestro deber de guiar a nuestros clientes hacia prácticas que sean no solo legales, sino también éticas y transparentes.
Para la SAT, este caso plantea el desafío de equilibrar la necesidad de combatir la evasión fiscal con el respeto a los derechos de los contribuyentes. Un enfoque demasiado agresivo podría socavar la confianza en el sistema tributario y generar resistencia entre los contribuyentes.
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El caso B410 ha puesto de relieve la necesidad de un diálogo constructivo entre todos los actores del sistema tributario guatemalteco. Como consultor fiscal en Guatemala, tengo la responsabilidad de facilitar este diálogo, promoviendo prácticas que beneficien tanto a nuestros clientes como a la sociedad en su conjunto.
Solo a través de la colaboración y la transparencia podremos construir un sistema fiscal más justo y eficiente para todos nuestros clientes, sino a la sociedad guatemalteca en su conjunto. Solo así podremos construir un sistema fiscal más justo y eficiente para todos.
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