Imagine por un momento que usted es dueño de una empresa exportadora en Guatemala. Hace años, el Ministerio de Economía le entregó una resolución oficial que dice, con todas sus letras, que está exonerado del Impuesto Sobre la Renta por diez años bajo el amparo del Decreto 29-89. Usted la guarda, la enmarca, la muestra a sus socios. Siente tranquilidad. Cree que está blindado ante cualquier fiscalización. Hasta que un día llega la SAT, revisa sus operaciones de tres años con

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