La SAT ha confirmado que el Acuerdo Gubernativo 245-2022, el cual establece la obligatoriedad de facturar con Número de Identificación Tributaria (NIT) todas las ventas superiores a Q2,500, no será derogado hasta que se redacte y promulgue una nueva normativa.
Este anuncio se produce en medio de la preocupación de diversos sectores, especialmente de las comunidades indígenas, quienes han manifestado su descontento con la medida, argumentando que afecta a sus actividades económicas y comerciales.
Con el objetivo de garantizar una solución equitativa y sostenible a esta problemática, la SAT ha establecido un plazo de 60 días para trabajar conjuntamente con representantes de las comunidades indígenas.
Durante este periodo, se llevarán a cabo reuniones de análisis y discusión en las que ambas partes evaluarán posibles modificaciones al acuerdo actual, con el fin de elaborar una nueva propuesta que tome en cuenta las particularidades y necesidades de estos grupos.
Desde un punto de vista legal, esta decisión refleja el compromiso del gobierno por garantizar un marco normativo que respete y proteja los derechos de las comunidades indígenas, en consonancia con la legislación nacional e internacional en materia de derechos humanos y desarrollo sostenible. Además, este proceso de diálogo y consulta busca promover la transparencia, la participación ciudadana y la inclusión en la toma de decisiones en temas de relevancia económica y social.
Es importante mantenerse atentos a los avances de estas negociaciones y a respetar las disposiciones establecidas en el Acuerdo Gubernativo 245-2022, hasta que se emita la nueva normativa. De esta manera, se espera que al término de los 60 días se presente un acuerdo revisado y consensuado que satisfaga las demandas de las comunidades indígenas y asegure el cumplimiento de las obligaciones tributarias en el país.
Interrogantes para discutir
¿Cuáles crees que son las principales preocupaciones de las comunidades indígenas en relación con el Acuerdo Gubernativo 245-2022 y cómo afecta a sus actividades económicas y comerciales?
¿Qué medidas podrían implementarse en el nuevo acuerdo para garantizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias sin poner en riesgo las prácticas comerciales y culturales de las comunidades indígenas?
¿Cómo podrían las autoridades y los representantes de las comunidades indígenas trabajar en conjunto para promover la transparencia, la participación ciudadana y la inclusión en la toma de decisiones en temas de relevancia económica y social?
¿Cuál es el rol de la sociedad civil en este proceso de diálogo y consulta, y cómo pueden los ciudadanos contribuir a la construcción de soluciones equitativas y sostenibles en relación con la facturación y las obligaciones tributarias?